La deficiente aplicación de la justicia, los criterios anticuados para procesar y enviar a alguien a la cárcel, pero sobre todo la falta de voluntad política para resolver el problema de la sobrepoblación penitenciaria en México, tienen de nuevo esta agenda en el centro de las discusiones sobre la inseguridad pública, señalan expertos en seguridad como Ernesto López Portillo, Nieves Sanz (Universidad de Salamanca) y José Antonio Ortega (Consejo Nacional de Seguridad y Justicia).
En tanto, la saturación en los penales mexicanos federales y del fuero común va en aumento.
El Cuarto Informe de Gobierno de Fox indicaba que en septiembre de 2004 la población penitenciaria era de 190 mil 509 personas.
Hace una semana, el secretario de Seguridad Pública federal (SSP), Ramón Martín Huerta, anunció ante senadores de la República que la cifra de internos en todo el país era ya de poco más de 201 mil reclusos.
En poco más de un año unas 10 mil personas fueron enviadas a prisión ya sea para seguir sus procesos judiciales o para cumplir sentencias.
La región más transparente
En el Distrito Federal la situación es más delicada.
Un informe estadístico de la Dirección General de Reclusorios del Gobierno del DF (GDF), de septiembre de 2004, señalaba que en ese año un promedio de 461 personas se sumaron mensualmente a la población penitenciaria en las 10 prisiones de la capital del país.
Aún más; los reclusorios Norte, Sur y Oriente tenían en ese entonces unas sobrepoblación de 8 mil 815 internos. Las tres prisiones mencionadas tienen una capacidad para 13 mil 404 personas.
En septiembre de 2004 había una población total de 22 mil 219 reclusos en cárceles del DF.
A principios de mayo, la SSP contabilizó 29 mil 586 reclusos en prisiones de la capital del país.
Es decir, que en menos de un año otras 8 mil personas se sumaron a los internos de las prisiones que controla el GDF.
Cárceles, inoperantes
Investigadores como Ernesto López Portillo, señalan que los modelos penitenciarios en nuestro país están rebasados.
El especialista precisa que la administración de la justicia es deficiente y la visión de Estado sobre la readaptación social es un concepto inexistente, ya que a la cárcel se le ve más como un lugar para castigar y reprimir que para reintegrar.
En este marco, la investigadora de la Universidad de Salamanca, España, Nieves Sanz, va más allá y señala que las prisiones no sirven para rehabilitar a nadie, y se pronuncia por despenalizar las conductas sociales que podrían ser atacadas de otra manera para no saturar las prisiones, en donde "hay muy pocas cosas para mucha gente".
Bomba de tiempo
En México esta situación ha rebasado los límites de control, con los problemas que acarrean 201 mil 139 reclusos en las 454 prisiones existentes, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) actualizados al mes de mayo.
Así, la sobrepoblación penitenciaria supera ya los 45 mil internos, mientras al menos dos iniciativas de ley para reformar el sistema judicial aguardan desde hace cuatro años la atención de legisladores federales.
El entonces titular de la SSP, Alejandro Gertz Manero, elaboró una propuesta para reformar el sistema de justicia, hacer eficiente la administración de la misma y, de paso, resolver problemas como la sobrepoblación penitenciaria, la corrupción carcelaria, la ejecución de sentencias y la reintegración a la sociedad de los reos.
Liberar a 12 mil reos de baja peligrosidad, instaurar el esquema de "prisiones abiertas", impulsar la "industria carcelaria" que permita autofinanciarlas y crear ocho penales de alta seguridad para 40 mil reclusos, figuraban entre las propuestas fundamentales de Gertz en torno a problema de las prisiones.
En febrero de 2004, Gertz Manero advertía ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que tan sólo hasta el año 2006 las cárceles del país tendrían un costo acumulado de 36 mil 674 millones de pesos.
Éste se podría reducir sustancialmente si esos 12 mil reos liberados se reincorporan a la vida económica vía la reparación del daño y el trabajo comunitario, además de la aplicación del sistema de "cárceles abiertas", que incluiría a 73 mil personas.
El desorden en las prisiones es total, dice José Antonio Ortega Sánchez. "El control lo tiene la delincuencia y creo que un cambio en las leyes no modificaría las cosas."
"lnsisto en que la solución no está en cambiar la legislación, sino ponerle orden a los penales, porque los delincuentes de toda clase siguen operando desde ahí y con la complicidad de las autoridades".
Hay una gran impunidad y pocas ganas de resolver el problema, agrega Ortega.